- por supuestas declaraciones falsas y tendenciosas -
Fabricantes demandan a importador de cauchos

Por: José Jacobi

        Por primera vez en Venezuela un importante sector de la industria automotriz, como es el de la fabricación del caucho, introduce ante el juez cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil un libelo contra un individuo, a titulo personal y como presidente de una asociación

        Durante una audiencia pública en el Edificio de Los Tribunales de Caracas, en la esquina de Pajarito, los abogados Freddy Zambrano y Rafael Zurita, en representación de los fabricantes, presentaron un resumen oral de la exposición escrita contra Giuseppe Cotone. Asimismo Alfredo Zuloaga, Gustavo Marín y Hector Cardoze, abogados de Cottone presentaron sus respectivos escritos fijando su posición.

Freddy Zambrano y Rafael Zurita        El primer expositor fue el abogado Freddy Zambrano, quien explicó al juez los motivos de la solicitud de aplicación de la medida de protección en beneficio de la producción nacional de cauchos, frente a las importaciones indiscriminadas con base a la ley de salvaguardia, aclarando que esa medida no afectaría en modo alguno a los consumidores venezolanos, quienes contarían con el suministro de cauchos en cantidades suficientes, a precios competitivos y con amplias garantías de calidad; y que esta medida de salvaguardia se limitaría únicamente a los cauchos radiales y convencionales para uso en automóviles y camionetas, cuyas importaciones quedarían limitadas por la autoridad administrativa. Los cauchos para uso de camiones, autobuses, bicicletas, tractores y usos industriales continuarían bajo el régimen actual de libertad de mercado.

        A continuación Zambrano acusó a Guiseppe Cotone, quien es un importador de cauchos, de desatar una campaña de descrédito contra los fabricantes nacionales y contra los productos que fabrican, en entrevistas concedidas en diversos medios de comunicación.

Freddy Zambrano        Entre estas declaraciones hechas por Cotone, citamos solo algunas de las mencionadas por Zambrano en su libelo, por ejemplo que: “el precio de los cauchos había subido en mas de un 25% desde noviembre”, ... “las alzas llegarían al 150% dentro de 6 meses.” ... “la gente tiene que salir a defender sus derechos frente a las maniobras de las empresas transnacionales”... “Los cauchos producidos por esas empresas tienen un atraso tecnológico de mas de 20 años”... “no cumplen con las normas de calidad y seguridad Covenin 663.96”... “Los cauchos presentan numerosos defectos de fabricación”... “Los cauchos fabricados en Venezuela no los permiten en Japón ni en Europa”... Las ensambladoras no compran los cauchos producidos en el país, sino que prefieren los cauchos importados”... “En Venezuela no existe control de calidad de parte de los fabricantes”

Freddy Zambrano        Mas adelante, Zambrano afirmó que esas declaraciones hechas por Giuseppe Cottone son falsas y malintencionadas, y resultan desvirtuadas por cuanto la solicitud de investigación sobre medidas de salvaguardia no pretende prohibir totalmente las importaciones de cauchos, como lo afirma Cotone, sino una restricción cuantitativa de las mismas, limitada únicamente a los cauchos radiales y convencionales para uso en automóviles y camionetas, lo que quiere decir que las importaciones de este rubro estarán simplemente limitadas y no prohibidas. no ha habido aumentos significativos de los precios de los cauchos nacionales. La medida de salvaguardia solicitada se justifica por el aumento significativo de las importaciones de cauchos, en perjuicio de la industria nacional. No existe un atraso tecnológico, pues los cauchos nacionales compiten favorablemente en los mercados internacionales habiendo exportado la industria mas de 2 millones de unidades en el año 99. Para producir neumáticos en Venezuela se debe cumplir con la norma COVENIN 663-96, que es un norma de cumplimiento obligatoria, porque es una norma de seguridad. La falta de laboratorio por el Gobierno no es obstáculo para que las autoridades puedan comprobar el cumplimiento de las normas, porque las empresas ceden a los funcionarios los laboratorios para ese fin.

        En cuanto a la calidad de los cauchos nacionales señaló el abogado Zambrano que está respaldada por la norma COVENIN 663-96, la QS 9000 que emiten las ensambladoras acreditando sus productos. El Certificado ISO 9002 y la resolución 2297 del 27 de mayo del 81 emanada de la Dirección de Normalización y Certificación de Calidad de la Superintendencia de Protección al Consumidor del Ministerio de Fomento, de garantía sobre defectos de fabricación.

        Por todas estas razones Zambrano en nombre de la industria destacó que “Estas pruebas, constantes en documentos cursantes en autos, demuestran fehacientemente la falsedad de lo dicho por Giuseppe Cotone y ponen en evidencia que este señor incurrió reiteradamente y de manera continuada en actos de competencia desleal contra las fábricas Firestone, Goodyear y Pirelli y sus productos en una conducta carente de ética comercial y de profesionalismo”

Juez Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil        El abogado de los fabricantes nacionales citó que la competencia desleal, fundada en el descrédito, la mentira, la falsedad, constituye también delito de difamación agravada continuada, como lo declaró el Tribunal Supremo de Justicia, en el proceso seguido por Procter & Gamble de Venezuela contra el abogado Juan Simón Gandica como editor responsable de los Diarios 2001, Meridiano y la revista Gran Clase y Belleza, por la campaña difamatoria emprendida por esos medios contra Procter & Gamble de Venezuela y su producto la pasta de dientes Crest. Y atentado contra la garantía constitucional del artículo 690, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación, denunciado por nuestras representadas como violado por los agraviantes en el libelo de demanda.

        Mas adelante Zambrano sostiene y ratifica que las personas jurídicas tienen, al igual que las personas naturales, un patrimonio moral, una honra y reputación que es protegido por la ley, tal y como lo ha declarado numerosas veces el mas alto tribunal de la República y lo ratifica expresamente en el fallo del 29 de febrero de este año, al declarar : “Reputación que no únicamente tienen las personas naturales sino también las personas jurídicas. La norma manda NO DIFAMAR y ampara el valor de la reputación a través de la tipificación como criminosa de aquella conducta que vaya en desmedro y holocausto de tan sublime valor

Freddy Zambrano        Finalmente Zambrano pidió que por haber hecho uso indebido y abusivo del derecho de información y de libre expresión del pensamiento en perjuicio de la reputación y buen nombre de las empresas Firestone, Goodyear, y Pirelli y de sus productos el tribunal declare con lugar la acción de amparo constitucional y ordene de inmediato restablecimiento de la situación jurídica infrigida mediante orden incondicional a los agraviantes de que cesen en su campaña difamatoria y de mentiras contra las empresas caucheras y los productos que fabrican y que ordene a costa de los agraviantes la publicación por la prensa de un extracto de la sentencia a objeto de que la opinión publica y los consumidores puedan conocer cabalmente la situación de la industria nacional de cauchos y conocer la calidad de los productos que fabrican.

Gustavo Martín        De los tres abogados que representaban a Asocauchos y a Giuseppe Cotone el primero en intervenir fue Gustavo Martín García quien respondiendo dijo que, entre otras cosas, había que verificar si efectivamente el hecho que ha sido señalado como perturbador restringe o limita de alguna forma los derechos de garantía que han sido señalados como complicados por el declarante. A su vez la misma acción de amparo por el carácter extraordinario y por toda la importancia que el mismo reviste, establece en la legislación en la ley orgánica de amparo sobre derecho de garantías constitucionales, causales de admisibilidad, que deben ser revisados, si bien no al principio de la introducción de la acción, puede ser revisado por el juez constitucional al momento de declarar su sentencia definitiva. Mas adelante señaló como causales de admisibilidad el ordinal 3 del articulo 6 de la ley orgánica de amparo que dice que la acción de amparo no será inadmisible cuando no pueda volverse las cosas en el estado en que se encuentran. En este caso “aparte de las consideraciones de tipo probatorio que podamos realizar en relación a la forma en que ha sido traídas las supuestas declaraciones del señor Cotone en representación de Asocauchos han sido, si se quiere transcrito en este tribunal en un libelo y en unas supuestas declaraciones como un medio de prueba se han consignado video y casette en medio de prueba libre que como específicamente lo establece el código de procedimiento civil debe señalarse la forma de promoción análogo a los otros medios de prueba establecida en la legislación ordinaria y debe establecerse a su vez la forma de evacuación todo ello por supuesto en garantía del derecho constitucional a la defensa que tenemos todos los ciudadanos para poder ejercer el debido control sobre las pruebas que han sido traídas a los autos.”

Gustavo Martín        Respecto al petitorio del demandante, de que el señor Cotone deje de emitir declaraciones de manera inmediata e incondicional en los medios de comunicación social que constituyan actos de competencia desleal porque se descalifica a las compañías que representan los productos y que a sus costas se le obliga a publicar en los medios de circulación nacional que el tribunal establezca el contenido de la sentencia, Gustavo Marín en representación de Asocauchos inquirió al juez que simplemente se le esta pidiendo que deje de aplicarle a su representada el artículo 58 y el 57 de la Constitución que establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones.

        Por otra parte dijo que veía una clara confusión que pretende utilizar este órgano jurisdiccional para verificar o constatar la presencia de unas supuestas declaraciones emitidas cosa que no corresponde a un juez en el ejercicio de la justicia constitucional.

        El abogado Marín finalmente opinó que existen órganos especializados en el área del Ministerio de industria y Comercio como lo es Fondonorma, o lo es la Superintendencia para Promover y Proteger la Libre Competencia que verifica efectivamente si un hecho puede ser considerado como competencia desleal, los encargados de tratar este caso. Martín por ultimo consideró la acción como inadmisible porque sería imposible que ese tribunal restituya la situación jurídica.

        Por otra parte el abogado Marín se refirió al amparo señalando dos cosas:  “primero que se ha negado la velación del derecho a la libertad económica y de industrias que está establecido en el artículo 111 de nuestra constitución anteriormente el artículo 96, se ha dicho severamente la representación del accionante en este caso que las declaraciones son totalmente falsas debe este tribunal entonces determinar si esas declaraciones son falsas o no, ha sido traído un medio de prueba la forma de evacuación que no cumple con los requisitos establecidos en el código de procedimiento civil, se ha transcrito literalmente unas declaraciones de medios audiovisuales o radiofónicos, se ha traído pruebas o copias de declaraciones en prensa y este tribunal debe determinar si eso es cierto o no o si han sido desvirtuadas por el medio de comunicación social y si esa es la declaración literalmente que se hizo o no. Inmediatamente se preguntó Marín si se está pidiendo a ese tribunal que determine si efectivamente esa declaración es cierta o no. Eso no puede ser por medio de una acción de amparo constitucional.

Alfredo Zuloaga        Luego intervino el abogado Alfredo Zuloaga haciendo un comentario sobre la medida de salvaguardia y de inmediato el abogado Héctor Cardoze habló sobre la supuesta declaración de su asistido, “que la gente tiene que salir a defender sus derechos, si esto lo hubiere dicho, la instigación  al ejercicio de un derecho propio no es anticonstitucional, el sistema de derecho está soportado para que los titulares de estos los hagan efectivos, y esto no puede ser interpretado jamas en la vida como un acto ni lesivo a la Constitución y mucho menos como compromisorio de la libertad económica, y su elemento concreto que ha sido propuesto en esta acción de amparo, como es la libertad de conflicto”. De inmediato Cardoze se preguntó si eso es acaso motivo para ir a una sede constitucional, luego se refirió al punto numero 3 que señala que en Venezuela no hay manera de verificar la calidad de los cauchos, porque no hay laboratorios que verifiquen si se cumple o no con la norma Covenin. Si esto hubiera sido una declaración dicha por su asistido y se la pregona como lesiva a la constitucionalidad los propios accionantes lo reconocen cuando dicen que la falta de laboratorios por el gobierno no es obstáculo para que las autoridades puedan comprobar el cumplimiento de la normas de fabricación porque las empresas ceden a los funcionarios de gobierno sus laboratorios para tales fines”.

Héctor Cardoze        Mas adelante Cardoze habló sobre el punto número 7 sobre la paternidad de quien le ha propuesto al Seniat o a los órganos de protección al comercio como son Conindustria y Fedecámaras el tomar medidas en contra del  ingreso ilícito de productos relacionado con los cauchos. Finalmente opinó que a su entender el amparo es una acción que tiene un carácter restitutorio no es una acción de condena, no es una acción de indemnización, se pretende devolver a un estado en el cual la violación no exista, mas sin embargo el petitorio no es restitutorio sino que es restitutorio de inhibición. Preguntándose entonces ¿puede una acción constitucional condenar a un dispositivo que es intrínsicamente inconstitucional? De allí derivó el ponente que ese amparo estaría destinado a constituir una mordaza jurisdiccional que implicaría censura previa cosa que esta proscrita por la constitución.

        Finalmente el abogado Freddy Zambrano tomó la palabra a fin de aclarar su posición sobre el porqué del amparo constitucional, alegando que éste tiene la ventaja de ser un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional.  En vista de los daños materiales y morales que se le ha causado
Freddy Zambrano a  los  fabricantes por parte del señor Cotone,  hay  que  actuar  con  esa brevedad, cualquier otro proceso no tendría la rapidez que tiene el amparo constitucional.

        Luego de la contrareplica de los tres abogados del demandado, el juez citó a una próxima audiencia para ver el video de las declaraciones.

Juez Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil

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